Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel y las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dén tres avisos antes de que las operadoras de telecomunicaciones proveedoras de los servicios de Internet desconecten o ralenticen la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario“) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación“) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

Firmantes: hasta el momento, las siguientes asociaciones cívicas y partidos políticos han firmado esta nota:

Asociación de Internautas (AI)

Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática (RITSI)

Asociación de Técnicos de Informática (ATI)

Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)

Partido Pirata (PIRATA)

Los Verdes

Hispalinux

Banda Ancha

El documento está abierto a la adhesión de nuevos firmantes (se ruega notificar a cualquiera de los actuales, para su adición al listado de firmantes)

            Desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática deseamos mostrar nuestro descontento, ya que pese a las movilizaciones que se han sucedido en los últimos meses en los diversos puntos del territorio nacional, secundadas tanto por estudiantes como por trabajadores, el gobierno no ha escuchado nuestras peticiones, y ha decidido aprobar las fichas de competencias otorgándoles el rango de Orden Ministerial para todas las ingenierías excepto para la Ingeniería en Informática, dejándonos una vez más en una situación de abandono, desprecio e inferioridad con el resto, permitiendo que los estudios de Ingeniería Informática no estén regulados e incitando al estudiantado a optar por carreras distintas.

            Por si fuera poco, en estas Órdenes Ministeriales se regulan competencias de nuestra Ingeniería a otras titulaciones, lo que supone una vez más una muestra de la falta de respeto por parte del gobierno hacia nuestra titulación y nuestros profesionales, pese a ser un sector que produce el 1,6 % del PIB.

            Además nuestro país vuelve a quedar a la cola de Europa, dónde en países como Alemania, Francia, Italia, Grecia, Islandia, Portugal o Reino Unido, la nuestra es una titulación perfectamente regulada.

            Es por ello que queremos anunciar próximas movilizaciones como protesta ante la pasividad del gobierno ante la regulación de nuestra Ingeniería, tanto en el ámbito académico como en el profesional, y equipararla así resto de las titulaciones de la rama de las ingenierías.